Lanzamos una Alianza para fortalecer y ampliar el espacio cívico en América Latina

La democracia en América Latina ha podido preservar más de dos décadas de gobernabilidad pero esto no ha sido suficiente para asegurar su futuro. Las raíces de estas democracias no son muy profundas y debido a los modelos económicos implementados, conviven con altos niveles de desigualdad y pobreza. Estos factores, a su vez, han provocado inestabilidad, ya que las y los ciudadanos están cada vez más insatisfechos y desilusionados con sus gobiernos. Al día de hoy parece que la arquitectura del Estado reproduce un diseño sólo capaz de concentrar el poder y generar una gran brecha entre gobernantes y gobernados. No reconociendo, o difícilmente considerando en esta conversación, a las minorías y a los grupos más vulnerados.

El 2019 fue un claro ejemplo de este hartazgo, las demandas y el descontento tomaron las calles. Vimos fuertes movilizaciones sociales en países como Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, México y Brasil que cuestionaron los modelos de desarrollo económico y la falta de representación en los gobiernos de la región.


En Bolivia, las protestas provocaron el cierre anticipado del período presidencial, y la decisión del presidente Evo Morales, de desconocer tanto la prohibición constitucional como el resultado de un referéndum que le negaba la posibilidad de postularse a la tercera reelección, incentivó la movilización de la oposición ante sospechas de manipulación provocadas por una interrupción del conteo rápido de votos. A la calle, se sumaron protestas a un cuartel policial y la «sugerencia» militar de que el presidente renunciara. En estas circunstancias, Morales se exilió dos meses antes de finalizar su mandato. En Chile, en octubre de 2019, el presidente Sebastián Piñera, ordenó un aumento del 3% en las tarifas del metro, lo que provocó protestas masivas en Santiago con más de 1,2 millones de participantes. En Chile, el 33% de la riqueza de la nación está en manos del 1% más rico, ex militares y una pequeña élite controla la mayor parte de los recursos naturales que quedan en el país. En este marco, el sistema tarifario de Piñera produjo lo que se convirtió en el movimiento: «Chile despertó», y hoy conduce a un proceso de una nueva constitución para el país.

No podemos dejar de mencionar que en la actual crisis sanitaria los excesos de poder, la debilidad de las instituciones y las medidas extraordinarias de control que se anunciaron en la región también atentan contra los derechos ya vulnerados de los latinoamericanos. Muchas de estas medidas de estados de excepción fueron tomadas en pro de la seguridad y aceptadas por parte de la población. Esto también ha aumentado la polarización social.

La combinación de estos poderosos desafíos nos lleva a pensar en diferentes escenarios para entender e intentar hacer las cosas de otra manera.


Es necesario buscar formas para fortalecer a los contrapoderes de una democracia representativa ya muy desgastada. Construir instancias que amplíen y descentralizan el poder para pensar en una mayor participación y gestión ciudadana de los recursos y bienes comunes. 

Para abordar esta realidad, nace Pulsante, una alianza entre Fundación Avina, Luminate y Open Society Foundations que busca acompañar y apoyar a grupos, organizaciones y movimientos sociales que desarrollen prácticas innovadoras que permitan a la ciudadanía involucrarse en las decisiones que afectan la protección de sus derechos, la calidad de los servicios públicos que necesitan y que fomenten la rendición de cuentas de sus gobiernos. 

Para lograr este objetivo, se invertirán 3 millones de dólares en el periodo 2020-2023 en toda la región, a través de apoyo a:

  • Campañas de respuesta rápida enfocadas en lograr victorias específicas, en momentos sensibles de oportunidad para proteger el espacio cívico y los derechos humanos.
  • Organizaciones de empoderamiento cívico que fortalezcan la experimentación con prácticas innovadoras democráticas que incrementen el poder ciudadano, mejoren la calidad de la democracia, y garanticen mayor justicia social.
  • Movimientos sociales que buscan impulsar reformas para hacer las democracias más transparentes, participativas y representativas.

Adicionalmente, la iniciativa invertirá recursos en mejorar la capacidad institucional de los movimientos y organizaciones sociales. Igualmente en fomentar el diálogo regional sobre la democracia, basando ambos esfuerzos en las innovaciones democráticas apoyadas.

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