Mientras que el 8M las mujeres salían a reclamar sus derechos en Guatemala, ese mismo día, el poder legislativo aprobó la iniciativa de ley 5272. Este número representa la iniciativa de ley que proponía elevar las penas por interrupción del embarazo, prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la enseñanza sobre diversidad sexual en instituciones públicas y privadas para niñas, niños y adolescentes.
Esta iniciativa de ley, que terminó siendo aprobada por 101 de 160 legisladoras y legisladores, representaba un retroceso en el respeto a la diversidad y a la no discriminación, elementos indiscutibles para cualquier democracia.
¿Por qué aprobar y a los pocos días archivar una ley?
La iniciativa 5272 se lanzó formalmente en abril de 2017, es decir hace 5 años que se presentó en el Congreso de Guatemala, pero la votación se realizó en 2022. No obstante, a tres días de su aprobación, el 11 de marzo de 2022, el presidente, Alejandro Giammattei, la mandó archivar. ¿Los motivos? El mandatario argumentó que se incumplían tratados internacionales de los que el país forma parte, como lo es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), además de violaciones a la Constitución Política de Guatemala.
La acción colectiva de defensores de derechos LGBTIQ+
En esta narrativa nacional anti-derechos, el trabajo por recuperar los espacios cívicos desde lo local ha sido una de las propuestas de la sociedad civil organizada, como la asociación SOMOS y la organización Visibles. Parte de su trabajo ha consistido en hacer estudios diagnósticos para entender el tejido social y determinar cómo crear las condiciones necesarias para articular a una ciudadanía activa multitemática.
Así, mientras la iniciativa 5272 se consolidaba, por otro lado SOMOS, formaba (y forma) líderes LGBTIQ+ en diversas ciudades de Guatemala, fortaleciendo juventudes en capacidades técnicas de negociación y diálogo político a nivel municipal y comunitario. Asimismo, la Asociación trabaja en la ampliación de redes, capacitando en materia de derechos humanos y diversidades sexuales a 25 agentes de la Policía Nacional Civil, quienes al representar a seis comisarías a nivel nacional, replicarán el esquema formativo con el personal policiaco. Esto representa un punto clave al tratarse de personas que son el primer contacto y que articulan el acceso a la justicia para mujeres y personas LGBTIQ+.
Por otro lado, Visibles se sumó a la movilización de asociaciones estudiantiles y desarrolló material de campaña respondiendo a la coyuntura política. Además, sumando a la contra-narrativa, producieron las campaña Vidas Trans y la estrategia Somos Familia, que ponen los reflectores en valores como el respeto y promoción de la diversidad, buscando sensibilizar a una parte más amplia de la población del país. Esta campaña integral resalta que el ejercicio democrático se conforma por la comprensión de distintos puntos de vista y, además, que esto debe empezar desde casa. Lo anterior se sustenta además en los resultados que presentó el estudio Realidades compartidas donde la organización identificó que en distintos entornos –el familiar, educativo, salud, laboral, interpersonal y espacios públicos e institucionales– un 45% de personas bisexuales, seguido por 34% de hombres gays, 33% de personas pansexuales y 18% de mujeres lesbianas afirmaron haber sufrido algún tipo de discriminación durante los últimos 12 meses.
¿Qué hacer frente a los retos por venir?
Cuando se cierran los espacios de diálogo, se requiere de creatividad para encontrar nuevos canales. La sociedad civil guatemalteca históricamente ha buscado hacer frente a esto.
Posicionar la narrativa en favor de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ y de las mujeres ha sido uno de los caminos para generar incidencia en el contexto actual que atraviesa Guatemala. Los siguientes pasos tienen diferentes líneas estratégicas por seguir, y desde las organizaciones de la sociedad civil se siguen ampliando las redes de acción a nivel local que a largo plazo tienen como objetivo generar un impacto a nivel nacional.
Tanto las organizaciones como los movimientos defensores de los derechos LGBTIQ+ y de las mujeres han co-construido y fortalecido redes comunitarias, a través de las cuales articulan nuevas rutas de consenso y participación política. Su trabajo nos enseña que frente al discurso legislativo, dominado por años por una agenda anti-género y anti-diversidad, que reflejan una crisis democrática y de representación, la sociedad civil organizada sigue trabajando y luchando porque sus voces sean escuchadas y porque sus derechos sean respetados.
Iniciativa 5272 https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/66
