En la actualidad, los países de América Latina y el Caribe se encuentran en una profunda encrucijada. Por un lado, desde fines del siglo XX se destaca la consolidación de sistemas democráticos y el robustecimiento institucional acompañado de una ciudadanía mucho más activa y vigilante. Por el otro, reiterados casos de corrupción y mal uso de los fondos públicos que, sumado a la fuerte desigualdad que ha persistido en la región, dibujan un cuadro en el que se ha venido configurando un abismo entre la clase política y sus representados, un generalizado sentimiento de indignación y desencanto, que ha favorecido el surgimiento de diversas crisis de carácter político, económico y social. Frente a este escenario el paradigma de gobierno abierto se ha venido instalando como una respuesta institucional para hacer frente a estos desafíos, y como espacio que renueva y fomenta un esfuerzo más compartido y horizontal para trabajar los asuntos públicos y avanzar hacia el bienestar colectivo: una nueva forma de gobernar(nos).